La aplicación del principio de quien contamina paga en todo el sector agrícola, tal como exige nature solidarity, conducirá a precios más altos para los productores y, por tanto, también para los consumidores. No hay forma de evitarlo. Sin embargo, esto no tiene por qué significar que las personas con bajos ingresos ya no puedan permitirse determinados alimentos. Una alimentación saludable debe seguir siendo asequible para todos, sin excepción.

Para ello deben emplearse los ingresos propuestos por nature solidarity procedentes de los gravámenes a los agricultores de la UE por pesticidas, fertilizantes minerales, dióxido de carbono, de los aranceles medioambientales para las importaciones, así como de los ahorros en las miles de millones distribuidas hasta ahora en subvenciones agrícolas.

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Cuando los políticos agrícolas europeos defienden la disfuncional agricultura de la UE, suelen recurrir al argumento sociopolítico de que nadie debe quedar excluido de la compra de determinados alimentos debido a precios demasiado elevados. Esto es correcto y falso a la vez. Porque solo pretende cimentar el statu quo en la agricultura de la UE. Vincular arbitrariamente ámbitos políticos es un truco habitual que a menudo perjudica a todas las tareas políticas mencionadas.

Más sensato es lo siguiente: la política agrícola debe medirse por si proporciona suficientes alimentos saludables, preferiblemente sin subvenciones y sin daños para la colectividad. Si en estas condiciones los alimentos necesarios resultan inasequibles para algunas personas, se necesita una buena política social para crear una compensación. ¿Deben gravarse los alimentos básicos y, en caso afirmativo, en qué medida? Una comunidad democrática no puede eludir este debate. Para financiar medidas sociopolíticas en el contexto agropolítico se ofrecen varias fuentes: los ingresos propuestos por nature solidarity procedentes de los gravámenes a los agricultores de la UE sobre pesticidas, fertilizantes artificiales o emisiones de CO₂; los aranceles medioambientales sobre importaciones agrícolas perjudiciales para el medio ambiente procedentes de países no pertenecientes a la UE; ahorros en las miles de millones en subvenciones agrícolas.

Además, los políticos agrícolas de la UE no son adecuados como asesores sociopolíticos: un estudio de 2020 revela un desequilibrio social masivo en la distribución de las subvenciones agrícolas. [Billions in Misspent EU Agricultural Subsidies Could Support the Sustainable Development Goals | 31.10.2025] Según este, en el año de estudio 2015, de los casi 60.000 millones de euros gastados en el sector en el marco de la Política Agrícola Común de la UE, más de 24.000 millones de euros fluyeron a regiones donde los ingresos medios de los agricultores ya estaban por encima de la mediana en la UE; otros 2.500 millones de euros, que debían fomentar el desarrollo rural, fluyeron a zonas predominantemente urbanas. Los autores recomendaron, en consecuencia, una redistribución y una mejor supervisión de los pagos.